La Cueva de Chaves se emplaza cerca del pueblo deshabitado de Bastarás, en el sur de la Sierra de Guara. Sus características hicieron de ella un lugar perfecto para el asentamiento de los hombres primitivos. La cueva abierta es de grandes dimensiones. Su abertura oscila entre los 30 metros de altura máxima y 2 metros en su parte más baja. Mientras que su anchura es de 60 metros. A medida que se avanza en su interior la altura va disminuyendo con un recorrido de más 225 metros, siendo en la primera parte donde se concentran los restos arqueológicos, ocupando una superficie de unos 3.000 m2. Su orientación hacia el sur la protege del cierzo y la iluminación solar se introduce 50 metros en su interior. Y además cuenta a sus pies con un barranco, lo que permite la disponibilidad de agua.
La primera excavación se llevó a cabo en 1975 por el director del Museo de Huesca, Vicente Baldellou. Durante los años siguientes fueron divulgados y publicados los restos encontrados pertenecientes al Neolítico. A partir del 1984 se sucedieron varias campañas hasta el año 1998, participando también Pilar Utrilla, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. De los restos paleolíticos se encargó Pilar y de los neolíticos Vicente. Los trabajos se detuvieron a la espera de poder retirar unos bloques de piedra de grandes dimensiones que impedían continuar con la excavación. Hasta ese momento se había excavado aproximadamente un 10% del yacimiento.
Según los estudios realizados, los habitantes más antiguos de esta cueva datan del Paleolítico, documentado entre 12.950 y 12.020 años a.C. Seis mil años más tarde llegan nuevos colonos. Las investigaciones llegaron a la conclusión que el asentamiento neolítico de Chaves y del Alto Aragón era anterior al de Cataluña y del resto de Aragón. La explicación a la penetración al interior desde el Mediterráneo con anterioridad hace pensar que se introdujeron desde el sur de Francia a través de la cuenca del río Têt, y atravesando los Pirineos por las cuencas del Segre y Cinca. El hombre del Neolítico domestica animales, caza, cultiva cereales y se establece de manera permanente en la cueva. Tiene inquietudes artísticas, domina la cerámica y la talla del hueso. Su estancia se prolonga nada menos que 650 años, contribuyendo a la difusión de la cultura neolítica en el Prepirineo oscense, y creándose nuevos asentamientos en el territorio.
La cueva poseía el yacimiento neolítico más importante de Aragón y uno de los mejores de España sólo comparable a las cuevas valencianas de Or y Cendres. Un establecimiento básico desde donde los primeros colonos introdujeron la agricultura y ganadería en todo el Prepirineo oscense. Entre los hallazgos más importantes por su singularidad está el centenar de ruellos* pintados, encontrados en los niveles neolíticos. Han sido estudiados más a fondo una treintena en los cuales aparecen pintados motivos complejos como antropomorfos, cruces, estrellas o líneas convergentes, mientras que en los demás muestran restos de pinturas. Además se han extraído 11.700 restos de animales, así como otros correspondientes al ajuar de sus habitantes: brazaletes, punzones, cucharas. Y también se encontró el cadáver de un hombre en posición fetal en una pequeña fosa.
*Ruello: Canto rodado.
Hace más de treinta años un grupo de empresarios, entre los que se encontraba la familia catalana Raventós, compraron el pueblo deshabitado de Bastarás y su antiguo término municipal, una superficie de unas 1.500 hectáreas. Lo convirtieron en un coto privado de caza donde soltaron ciervos, corzos y muflones. Entonces la Cueva de Chaves quedó recluida dentro del coto cuyo perímetro fue vallado en 1974. Se trata de uno de los pocos vallados en Aragón, ejecutado antes de que la ley prohibiera este tipo de explotaciones cinegéticas. Más tarde fue adquirido por la familia francesa Lafayet (la que comercializó los bolígrafos Bic). En 2006 se amplió el capital de la sociedad entrando Maderas Bodelón, que en la actualidad es máxima accionista de FIMBAS, la empresa propietaria. Su antigüedad le ha permitido unas condiciones que hoy serían incompatibles con la declaración del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y con las figuras de protección LIC y ZEPA.
Desde el principio el cletau* resultó polémico ya que atraviesa dos cauces, el barranco de Solencio y el barranco del Rebullón, de dominio público. De igual manera interrumpe el paso de un camino real proveniente de Used, y cercaba el acceso a un monte de utilidad pública de 270 hectáreas. A lo largo de estos años se han roturado más de 100 hectáreas, realizado desmontes y se han ejecutado 80 kilómetros de pistas. También se han construido medio centenar de balsas y llevado a cabo el represamiento del barranco de Solencio. Todas estas obras se han realizado sin permisos desfigurando el entorno natural y produciendo enormes cicatrices, dentro de un espacio natural de máxima protección. A ello se añaden las alteraciones del ecosistema por la introducción de fauna alóctona, ajena a esta zona. Entre 2003 y 2007, el Gobierno de Aragón abrió cuatro expedientes sancionadores por afecciones al medio ambiente, y en 2009 habían aumentado ya a seis. Ecologistas en Acción llegó a presentar 30 denuncias en dos años. Sin embargo la actuación de la administración ha sido lenta y no ha evitado el daño producido en la amplia superficie afectada. En el año 2012 se llevó a cabo el primer logro, liberando el monte público “Las Foces de Rodellar” que había sido usurpado por la empresa durante más de tres décadas incorporándolo al resto de su finca. Para ello fue necesario el retranqueo del vallado, al cual pusieron numerosas trabas a pesar de las resoluciones judiciales. Y poco a poco la administración va avanzando en la recuperación de esta porción de la Sierra de Guara. En todos los casos intentan resolver sus problemas a golpe de talonario. Cada expediente lo recurren y cuando se agotan las vías legales pagan las sanción, sin cumplir con el arreglo de los daños. Todavía quedan abiertos expedientes por el trazado de pistas, eliminación de vegetación, instalación de vallado y otras estructuras metálicas, hacer un almacén de mayores dimensiones, construir balsas o roturación de terreno. En estos años Fimbas ha pagado 80.000 euros en multas.
En junio de 2009 el Gobierno de Aragón dictaminaba el cierre del coto de caza por la introducción de una especie de cabra africana en su finca. Se trata de la infracción administrativa más grave. Tras su larga tramitación en 2019 se hará efectiva. En junio de ese año la DGA deberá comprobar que no quedan ni muflones ni gamos, así como un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos. Entonces instará a la propiedad a retirar el vallado. En este periodo se está permitiendo a FIMBAS a organizar cacerías para reducir el número el censo de animales. Y para ello tiene prohibida publicitar las mismas y comercializar con la caza de animales que quedan en el coto.
*Cletau: Vallado.
Al daño medioambiental se añade otra irregularidad. Las calles, los viales de acceso y los edificios públicos de Bastarás, como la iglesia, son de propiedad pública y pueden ser visitados libremente por cualquier persona. Sin embargo las placas de propiedad privada y las vallas en su acceso amenazan a cualquier visitante con la entrada, otra ilegalidad más a cargo de la empresa FIMBAS.
Además del daño medioambiental sufrido por este coto de cata en octubre de 2007 se puso la guinda al pastel. Entonces se realizaron las obras de una pista de más de ocho metros de anchura hasta la puerta de la cueva de Chaves, así como el acondicionamiento del interior de la cueva y la construcción de un embalse en el barranco. Para ello fue contratada la empresa Ferpi Transportes y Obras, que utilizó maquinaria de gran tonelaje para retirar unos bloques caídos del techo de la cueva. El yacimiento que se encontraba justo debajo quedó afectado de manera irreversible ya que fueron extraídos 2.247 metros cúbicos de sedimentos, la mitad de ellos correspondientes a los restos arqueológicos. Sin embargo hasta un año y medio después no supo que el yacimiento se había destruido por completo, con la visita de los responsables del Museo de Huesca en marzo del año 2009. Durante este tiempo se pusieron múltiples impedimentos para poder visitar la finca por parte de la empresa. A ello se añadió la pasividad y dejadez de las administraciones públicas que no ejercieron como debían sus competencias de control y protección del patrimonio histórico. Ni si quiera han llegado a catalogar el yacimiento en sí con la protección de Bien de Interés Cultural, sino que simplemente está amparado por la declaración de protección de las pinturas del Solencio de Bastarás, situadas en las inmediaciones.
Para comprender de manera visual toda esta indignante historia es recomendable ver el documental “Chaves, la memoria expoliada”, realizado por Daniel Orte y María José Urraca coproducido por Ecologistas en Acción. A lo largo de una hora analiza a fondo a través de múltiples testimonios la triste historia de este coto de caza que nunca debió existir. Recibió el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Zaragoza 2009 y fue finalista Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa 2010.
El día 21 de septiembre de 2016 comenzó el juicio por el arrasamiento del yacimiento del Neolítico más importante de Aragón. En la causa figuraban como responsables civiles subsidiarias las sociedades FIMBAS, que gestiona el coto de caza donde se ubicaba, Ferpi, empresa que acometió las obras, y la aseguradora Mapfre. En el banquillo se sentó como principal imputado Victorino Alonso, administrador único de Maderas Bodelón, máximo accionista de FIMBAS. La acusación particular fue ejercida por Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Ecologistas en Acción. En el proceso además intervinieron como testigos Alejandro Millet, el encargado de la finca, Jesús Labata, conductor de la excavadora, y Conrado Muinos, trabajador del coto. Entre sus testimonios no dejaron claro quién dio la orden para llevar a cabo las obras, llegando a justificarlas porque el arqueólogo se lo había solicitado. En todo caso, sabiendo de la existencia del yacimiento bajo las losas retiradas, se excavaron entre tres y cuatro metros de tierra, que sirvieron para realizar una presa en el barranco cercano. Estos hechos manifiestan la profunda ignorancia de los acusados, todos ellos cómplices de la pérdida de unos restos arqueológicos de incalculable valor y que podrían haber ofrecido una información sobre nuestros antepasados perdida ya para siempre. Pero el hecho más grave es la permisividad de las administraciones. Al no solicitar permiso alguno se permitió que las obras se desarrollasen durante meses a pesar de las repetidas advertencias al Gobierno de Aragón por la acusación. De su absoluta pasividad y negligencia el resultado es asolador: la destrucción total del mejor y más completo yacimiento neolítico aragonés y uno de los más importantes de España. Por lo que debería asumir sus responsabilidades como máximo responsable del Patrimonio en Aragón.
El 11 de noviembre de 2016 el titular del Juzgado de lo Penal de Huesca publicó la sentencia del juicio en la cual se condenaba a Victorino Alonso a dos años y medio de cárcel y al pago de una indemnización de 25,49 millones de euros por la destrucción de la cueva de Chaves. Se considera que el culpable conocía la existencia del yacimiento dentro de la cueva de Chaves así como su valor arqueológico. El juez reconoce que la destrucción de la cueva de Chaves ha causado daños por valor de 50,9 millones de euros, según valoró en su día Vicente Baldellou. Sin embargo reduce la indemnización a la mitad por la dejadez del Gobierno de Aragón en cuanto a la protección de este emplazamiento ya que con ello facilitó que la destrucción se llevara a consumar. Es significativo que tanto el ministerio fiscal como el Gobierno de Aragón solicitaran 15 millones de indemnización, y el juez haya resuelto al final 10 millones más para el acusado. También es importante que el magistrado hace responsable subsidiario del pago de la indemnización a FIMBAS, evitando que la posible insolvencia del acusado pueda dejar la sentencia en agua de borrajas. Finalmente absuelve a Victorino Alonso del delito contra el medio ambiente que se le imputaba por carecer de pruebas suficientes, y absuelve a la empresa Ferpi y a la compañía Mapfre de las responsabilidades civiles que se les pedían. Tras presentar alegaciones, el 9 de enero de 2017 fue ratificada manteniendo la sentencia, con la única rebaja a dos años de cárcel pasra Victorino Alonso. Ante esta sentenia no cabe recurso alguno.
El cado de Chorche 